Eran las 12:00 del mediodía del 7 de febrero del 2010 cuando Magalys “Bebeka” Pichardo envió a su hijo menor, Taner De Oliveira, a comprar pan en un establecimiento de Maracay, estado Aragua. Minutos después la mujer lloraba desconsoladamente sobre el cadáver del muchacho; tres disparos habían acabado con el joven y dieron comienzo a un viacrucis de sufrimiento.
Desde ese fatídico día “Bebeka” ya no sonríe, sólo sufre la pérdida de su hijo de 24 años de edad. Para colmo de males, el crimen fue catalogado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como un ajuste de cuentas, situación que quebrantó aún más el ánimo de esta mujer.
“Yo se lo que parí, lo que crié y lo que la violencia me arrebató, y puedo asegurar que no era ningún malandro. Mi Taner estudiaba para ser actor y estaba en un voluntariado que ayudaba a comunidades indígenas en el sur del país”.
Cifras poco alentadoras
Sin importar que su dignidad y la de su hijo fueran pisoteadas por quienes debían hacer justicia, Pichardo dio comienzo a una constante, y dispareja, lucha contra la impunidad, problema que según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) afecta al 91% de los homicidios reportados en la nación.
Esta misma organización reveló que entre 1998 y 2009 en Venezuela fueron asesinadas 123.091 personas, y estima que para este año la cifra supere los 18 mil homicidios en todo el territorio nacional.
“No me importan las consecuencias, pero quiero que den con los responsables del crimen que no sólo acabó con la vida de mi Taner, sino que acabó con la mía también”, explica la mujer mientras la voz se le va quebrando poco a poco.
Y es que el caso de “Bebeka” Pichardo aún continúa en fase de averiguaciones por parte del Cicpc, formando así parte de la gran sombra que abarca el árbol de la impunidad en Venezuela.
“Qué más da, perdí a mi hijo, dejé mi casa, mis recuerdos, ya no oigo su voz… ni veo sus hermosos ojos color miel, ni oigo sus locuras para hacerme reír hasta secarme la garganta”.
Otra cara de la moneda
Contrario al caso de “Bebeka” está el de Bartolo López, cuyo hijo fue asesinado el 27 de marzo del 2010 en la avenida Libertador de Ciudad Guayana; hecho por el que se encuentran detenidos tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un civil.
Tras pasar la noche junto a otros cuatro amigos en el club nocturno New Finger, Alonso López tuvo una discusión con los propietarios del local, altercado que dio pie a una pelea y posteriormente a la muerte del joven y dos de sus acompañantes, Danny Malavé y Víctor González.
La sed de justicia hizo que los allegados de los jóvenes investigaran qué había ocurrido esa noche y denunciaron públicamente los detalles que descubrieron.
“Nos dio miedo, porque descubrimos que eran guardias los que los habían matado a nuestros muchachos, pero si callábamos éramos cómplices también”.
La presión de la opinión pública llevó a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público a solicitar la captura de los responsables e iniciar así un proceso judicial en su contra. Los homicidas fueron imputados por el delito de homicidio calificado y enviados al Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica, mientras se desarrollan el resto de las investigaciones del caso.Deterioro de la justicia
Cecilia Sosa Gómez, ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), explica la impunidad es un sentimiento común en todos los venezolanos puesto que las cifras demuestran que el delito prácticamente no es castigado.
“Se da (la impunidad), porque el sistema de administración de justicia no está armonizado. No trabaja como debe ser”.
Las estadísticas muestran que las acciones para luchar contra la impunidad: perseguir la corrupción, la violación de los Derechos Humanos, delitos comunes, la violencia intrafamiliar, no bajan de un 70%, es decir, sólo 30 de cada 100 casos son esclarecidos y penados.
Para Sosa esto representa un deterioro del sistema de justicia venezolano; detrimento que va ligado a la politización, corrupción y lentitud existente dentro circulo judicial de la nación, así como por la ignorancia de la población al momento de exigir el cumplimiento de la ley.
Para contextualizar sus argumentos, la ex presidenta del TSJ relata que hace un año su hijo falleció en un accidente de tránsito y aún no ha podido conocer los resultados de un proceso de investigación que “ni avanza ni retrocede”.
¿A qué atenerse?
“Hay que hacer presión”, asegura Sosa como medio principal para combatir la impunidad. Un esfuerzo para reestablecer el valor de la ley es fundamental.
Quedarse de brazos cruzados es lo peor que se puede hacer, ya que eso convierte en cómplice de este grave problema. Si las instituciones no cumplen con la labor que deben hacer, hay que recordarles para qué fueron designadas.
Caso contrario, la población podría empezar a tomar justicia por sus propias manos, cansados de la falta de respuesta de los organismos encargados de aplicarla.
“Hay que presionar. Eso es lo primordial”, reiteró la ex presidenta del TSJ ante la multitud de casos que aún se encuentran bajo la sombra de la impunidad.
